Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo referente al ejercicio 2003, en España se cometen 79.778 abortos. Una cifra que podría ser superior si nos fiamos de la Sociedad Vasca de Fecundación que consideran que "sólo una parte de los abortos queda registrada en las estadísticas de los organismos públicos"... (Diario Vasco. 30/04/2003)

    No obstante, y tomando como referencia el informe del MSC, el 2,43 por ciento de los abortos practicados se realizan en centros públicos y el 97,57 restante practicado en centros privados. Según la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupción Voluntaria del Embarazo, en su informe del año 2002, "aproximadamente el 50% en Andalucía y el 35% en la Comunidad Valenciana de los abortos, se realizan a cargo del Servicio de Salud de las C.C.A.A".

    En la misma línea se manifiesta Eva Rodríguez Armario, gerente de la Clínica El Sur de Sevilla, quien añade que en la mayoría de los casos, los centros públicos derivan a las madres a clínicas privadas "por medio de cartas de pago o reintegro de gastos a la usuaria". Conocer el dato exacto de convenios establecidos entre la sanidad pública y la privada en materia de aborto, parece empresa imposible.

    El 7 de noviembre de 1995, la diputada popular, María Jesús Celinda Sánchez García preguntaba ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales por el total de gastos que le suponía al INSALUD la práctica de cada aborto intencionado, desglosado por provincias. Jamás obtuvo respuesta. Tampoco nosotros hemos obtenido respuesta a la misma pregunta formulada a los responsables de la administración sanitaria.

    Por ello, hemos optado en nuestro cálculo por una postura conservadora, considerando la cifra más baja conocida (35 por ciento de la Comunidad Valenciana) como la aplicable al total nacional. No obstante, conviene advertir, que resulta más que probable que la cifra fuese sustancialmente superior.

    En cuanto al precio, asumiremos como válido el establecido recientemente por la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, señalaba un precio que varía entre los 240 y los 480 euros. Tomaremos 360 euros como media entre la banda de precios marcada por la asociación de centros abortistas.

    Por otra parte, también consideraremos los fondos destinados por la Asociación Española de Cooperación Internacional (AECI) a la eufemística "salud reproductiva". Dicho capítulo supuso en el año 2000 (último informe publicado) de 406.531,26 euros. Una cifra que podría ser sustancialmente superior si tenemos en cuenta que solo el programa de salud reproductiva Maguindanao en la isla de Mindanao 1999-2004 está presupuestado en 900.000 euros.

    Además, no hemos tenido en cuenta ni las subvenciones destinadas por el Ministerio de Asuntos Sociales ni las cuantías destinados al Fondo de Población de Naciones Unidas ni los acuerdos establecidos por la AECI con dicho fondo en Argelia y República Dominicana. Tampoco hemos contabilizado por falta de datos la cuantía destinada por la administración sanitaria a financiar la píldora abortiva. Se trata pues de un cálculo extraordinariamente conservador extraído de los datos disponibles.

     1.598.259.672,29 pesetas (9.605.734,08 euros)

     Presupuesto del 2003: 207.558.392,71 miles de euros