Financiación pública de las clínicas abortistas

Siempre me había parecido que el supuesto despenalizador del aborto fundado en una hipotética grave alteración síquica de la madre podría ser, en las clínicas abortistas privadas, una puerta abierta al aborto prácticamente libre. Ahora, al regularizar la práctica del aborto, por parte de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana en los hospitales públicos, este fraude legal de las clínicas abortistas se ha puesto plenamente de manifiesto.

La nueva ley exige que el dictamen médico para valorar la posible alteración síquica de la madre embarazada que desea abortar sea realizado, cuando la paciente provenga de los Centros de Salud dependientes de la Consellería de Sanidad y el aborto se practique en un hospital público, por un siquiatra de uno de estos hospitales públicos. Cuatro en la Comunidad Valenciana: el Provincial de Castellón, la Fé de Valencia, el Hospital de Villajoyosa y el de San Juan de Alicante.
Ante este requisito legal la gran mayoría de las clínicas abortistas han puesto el grito en el cielo negándose a firmar los convenios con la Consellería para atender a las mujeres que ésta les remite, a pesar de los más de 425 € que las arcas públicas les abonan por aborto realizado, pues temen que ante el dictamen médico de un siquiatra independiente, los pingües beneficios que obtienen por esta incalificable práctica, que difícilmente se puede llamar médica, se vean sustancialmente reducidos.
¿Indica esta inquietud que con anterioridad los siquiatras propuestos por las clínicas abortistas no tenían inconveniente alguno en determinar una grave alteración síquica de la madre en todas las mujeres que acudían a sus consultas?. ¿Significa que estos médicos abortistas, propietarios de esos negocios exterminadores de vidas humanas, dudan de la ecuanimidad profesional de los siquiatras de los hospitales públicos? Ciertamente lo que con toda seguridad significa es que temen que la ley se cumpla, pues no hay que olvidar que en España, y por tanto en nuestra Comunidad, el 98% de los abortos que se realizan se despenalizan por razón de una alteración síquica grave de la madre, y si esta alteración la tiene que dictaminar un médico ajeno a sus clínicas, temen que se les termine el negocio, o al menos que les disminuya sustancialmente.
Y cuando a estos directores-propietarios de clínicas abortistas, muchas veces médicos, se les recriminaba que estaban realizando un trabajo seguramente no muy adecuado a su condición médica, solían justificar sus acciones, afirmando que estaban dando un servicio a la mujer, normalmente a la más necesitada. Ahora que parece que este servicio se va a ofrecer gratuitamente por la sanidad pública, se pone de manifiesto con su alarma, que lo que estaban y están haciendo, más que un servicio a la mujer es un servicio a sus bolsillos, a costa de la mujer, y sobre todo a costa de sus hijos no nacidos, pues nunca hay que olvidar que éstos son siempre los perdedores en el aborto.
De todas formas, no está de más recordar, que este nuevo servicio ofrecido por la Sanidad Pública, consiste sencillamente en facilitar la realización de abortos en sus Instituciones y ésto simple y llanamente es terminar con la vida de unos seres humanos no nacidos, y que esta actividad va a ser costeada por todos los ciudadanos, estemos o no de acuerdo con el aborto.


JUSTO AZNAR (LAS PROVINCIAS 12-IX-2003).


Fuente: PROVIDA

PRESS Nº 139

12 de Septiembre de 2003

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