La objeción de conciencia fiscal aplicada a los gastos abortistas se justifica dentro de la desobediencia civil a las leyes injustas y del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Ambos principios deben ser reconocidos como parte esencial del Estado de Derecho y no pueden violentarse sin incurrir en formas más o menos directas de totalitarismo.

  Cuando las leyes o los gobiernos mandan algo injusto, la obediencia es inmoral y criminal. Y en casos tan graves como el del derecho fundamental a la vida existe incluso una obligación moral de oponerse a cualquier ley que lo promueva recurriendo a la objeción de conciencia.

  Asimismo, la despenalización del delito del aborto en los tres supuestos no debiera conllevar la colaboración activa en el mismo por parte de la sanidad pública, ni mucho menos la utilización de nuestras contribuciones fiscales para este fin.

    Por otro lado, esta iniciativa no debe confundirse con:

•  Una invitación a usar el derecho a la objeción de conciencia fiscal de un modo arbitrario o indiscriminado. La objeción de conciencia es legítima en casos excepcionales en los que se vulneren los derechos fundamentales de las personas y ante situaciones de grave injusticia. De modo que no es justificable invocarla para legitimar una objeción de conciencia “a gusto del consumidor”.
   
•  Una negación del principio de autoridad. Pues tan sólo se omite la obediencia a la autoridad en un punto en el que ésta carece de legitimidad: la negación del derecho a la vida.
    
•  Un ataque al sistema tributario en su conjunto o al pago de impuestos por parte de los ciudadanos. Tengamos en cuenta que una parte considerable de los impuestos se destina a financiar políticas justas y solidarias. Por eso, hay que subrayar que esta iniciativa no supone dejar de pagar impuestos, sino más bien “desviar” un porcentaje ínfimo de nuestra contribución -equivalente al gasto público en abortos- a instituciones benéficas que se dedican a ayudar directamente a las mujeres que no quieren abortar o que no lo harían si dispusieran de más medios. Así se pretende evitar cualquier colaboración material con el aborto y contribuir a hacer efectivo un derecho de las mujeres a no abortar.

    Además, la inclusión en nuestra objeción fiscal del justificante de ingreso de dicha cantidad en la institución benéfica garantiza que no existe un ánimo de defraudar a Hacienda. También en la carta explicativa se puede subrayar esta misma cuestión.